León, Guanajuato.- El cantante de regional mexicano Gerardo Ortiz enfrenta consecuencias legales en Estados Unidos tras declararse culpable en un caso relacionado con presentaciones organizadas por presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante una audiencia realizada en Los Ángeles, la jueza federal Maame Ewusi Frimpong determinó que el intérprete deberá pagar una multa de 1.5 millones de dólares (alrededor de 26 millones de pesos mexicanos), además de cumplir tres años bajo libertad supervisada.

Plazo y condiciones

De acuerdo con la resolución judicial, el artista tendrá un plazo de 14 días para cubrir la sanción económica. Asimismo, deberá mantenerse bajo vigilancia de un oficial, evitar el consumo de sustancias ilegales y cumplir con las condiciones impuestas por la autoridad estadounidense.

Aunque su defensa solicitó reducir la multa a 200 mil dólares, argumentando dificultades económicas y temas migratorios, la petición fue rechazada por el tribunal.

Evita prisión tras colaboración

El caso se originó por conciertos realizados en 2018, los cuales habrían sido organizados por la empresa Gallística Diamante, vinculada a Jesús Pérez Alvear, señalado como presunto operador financiero del CJNG.

El propio Ortiz señaló que dichas presentaciones fueron gestionadas por su exmánager, Ángel del Villar, quien actualmente enfrenta un proceso legal en Estados Unidos.

Autoridades indicaron que la colaboración del cantante con la investigación y su declaración de culpabilidad fueron factores clave para evitar una condena de prisión.

Reacción del cantante

Al término de la audiencia, el intérprete expresó que continuará con su carrera musical pese a la sanción:

“ No era lo que esperaba, pero hay que seguir adelante, con los proyectos y con la música”, declaró ante medios.

Contexto del caso

El proceso judicial se relaciona con operaciones financieras y presentaciones vinculadas a personas investigadas por nexos con el crimen organizado. El caso ha generado atención tanto en México como en Estados Unidos, debido al impacto en la industria del regional mexicano.

Autoridades estadounidenses mantienen vigilancia sobre este tipo de actividades, especialmente cuando involucran recursos o eventos ligados a organizaciones criminales.