El gobierno de Texas presentó una demanda contra la empresa Southwestern Public Service Company, conocida en el estado como Xcel Energy, por su presunta responsabilidad en el incendio forestal de Smokehouse Creek, considerado el más grande en la historia de la entidad.
De acuerdo con las autoridades, el siniestro provocó la muerte de tres personas, arrasó viviendas, causó severos daños al ganado y dejó más de mil 500 millas cuadradas calcinadas. Las pérdidas económicas superan los mil millones de dólares, según estimaciones oficiales.
La querella fue interpuesta por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien acusa a la compañía de negligencia en el mantenimiento de su infraestructura eléctrica, particularmente de postes obsoletos. En la demanda se solicita una indemnización por los daños ocasionados al estado y se busca impedir que la empresa traslade los costos del desastre a los usuarios del servicio.
Investigaciones del Servicio Forestal de Texas A&M determinaron que el incendio se originó cuando un poste de electricidad deteriorado colapsó, provocando la caída de cables energizados sobre pastizales secos, lo que desencadenó el fuego.
El impacto humano del incendio fue devastador. Reportes oficiales señalan que una de las víctimas murió al ser alcanzada por las llamas tras abandonar su vehículo, mientras que otra fue localizada sin vida dentro de su vivienda calcinada. Además, un jefe de bomberos perdió la vida mientras atendía las emergencias en una de las comunidades más afectadas.
Xcel Energy ha reconocido que su equipo estuvo involucrado en el origen del incendio, aunque rechazó las acusaciones de negligencia. La empresa informó que ya ha pagado más de 361 millones de dólares para resolver la mayoría de las reclamaciones relacionadas con el siniestro y aseguró que cooperó con la Fiscalía General para buscar un acuerdo previo.
“Revisaremos este litigio y nos defenderemos enérgicamente de estas acusaciones”, señaló la compañía en un comunicado, en el que reiteró su compromiso de enfrentar de manera responsable las consecuencias del incendio.
El proceso legal vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por el estado de la infraestructura de servicios públicos y la necesidad de reforzar su mantenimiento ante el incremento de incendios forestales y otros desastres naturales.
